“Flavio [Bolsonaro] elogiaba la motosierra de Milei y nosotros le cambiamos el frame: les dijimos a los electores: ‘Este recorte te va a tocar a ti”. Con esa frase, Rafael Marroquim buscó ilustrar la manera en que la campaña de Luiz Inacio Lula da Silva se apropió simbólicamente de la figura del presidente argentino para usarlo en beneficio propio y expandir la “geografía del miedo” entre los votantes que, a la postre, le dieron la reelección al jefe del PT.

Marroquim integra Nordx, un equipo de estrategias de comunicación que construyó la narrativa de la campaña de Lula, desde los mensajes de WhatsApp hasta los spots de televisión. En contacto con LA NACION y otros medios argentinos, el especialista ponderó el “ejército digital” que supieron armar los petistas para hacerle frente al bolsonarismo, dominante en ese ámbito, pero advirtió que eso sirve solo “cuando se le pone sentido a lo que se va a decir”.

En medio de la trama que confirmó la presencia del asesor Santiago Caputo en la provincia de Misiones durante la fuga del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro sobresalieron dos nombres: Jorge Omar Waisman y Orlando Ignacio Palacio. Ambos estaban junto al asesor de Javier Milei cuando fueron interceptados por un control policial, en los dos vehículos de Entidad Bilateral Yaciretá (EBY) en la que ambos se desempeñan.

A Waisman lo llaman “Jorguito”. En las redes mostró un perfil activo cuando era policía en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lo que se dio hasta el año pasado. Fue allí también donde ambos se conocieron y trabaron una amistad. A diferencia de Waisman, Palacios allí habría tenido actividades vinculadas al automovilismo.

De acuerdo a distintas fuentes del propio oficialismo consultadas por LA NACION, ambos fueron señalados como personas cercanas a Caputo. El entorno del asesor también así lo reconoció.

El escape del excandidato presidencial Flavio Bolsonaro de Brasil, vía Puerto Iguazú, con las cataratas como marco espectacular de una fuga de película, ejecutada con un plan que incluyó pistas falsas y versiones contradictorias, tiene fantásticos precedentes.

Escondidos en baúles de coches, sacados en avión desde pistas semiperdidas, subidos a botes en el mar embravecido, con ayuda de embajadas o de fuerzas extranjeras, dirigentes políticos y otras personalidades protagonizaron en los últimos años varias fugas de alto impacto que conmovieron por su sorpresa, ingenio y audacia. Otros escapes fueron más bien tensas negociaciones y salvoconductos de última hora, pero siempre se necesitaron socios externos.

Desde el analista informático Edward Snowden, buscado por todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos en una correría que recordaba las mejores escenas de Jason Bourne, hasta María Corina Machado, que escapó de las entrañas del chavismo represor por cielo, mar y tierra, pasando por el también venezolano Leopoldo López o el empresario brasileño Carlos Ghosn, cada cual tenía sus razones para evadir a sus captores y buscar el pasadizo a una vida sin barreras.

Luego de participar en la huida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, el asesor presidencial Santiago Caputo fue identificado por un control vehicular de la policía de Misiones cuando se trasladaba en una camioneta del Ente Binacional Yacyretá con patente diplomática.

Así surge del acta electrónica de la Unidad Regional IV de la división de Seguridad Vial de la localidad de Capiovi, registrado a las 02:50 horas, a la que accedió LA NACION.

La policía frenó a una camioneta Ford Ranger, color blanco, en la cual se trasladaba por la ruta 12 proveniente de Puerto Iguazú, desde donde despegó Bolsonaro rumbo a Miami. El vehículo lo conducía Jorge Omar Waisman, que el control vehicular identificó como “jefe de seguridad” de la Entidad Binacional Yacyretá, según confirmaron a LA NACION fuentes policiales.

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de “desgracia” las elecciones presidenciales de Brasil, un día después de que el candidato derechista derrotado y su aliado, Flavio Bolsonaro, abandonara el país junto con su familia y viajara a territorio estadounidense.

En tanto, The New York Times reveló en base a fuentes del gobierno norteamericano que un funcionario de Trump estuvo a cargo de la logística del vuelo que llevó a Bolsonaro y su familia desde Puerto Iguazú hasta Miami, con escala en Guayaquil.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió al Gobierno que informe si el excandidato brasileño Flavio Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar al país y mandó a preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Así dio los primeros pasos en la causa que investiga si funcionarios del gobierno de Javier Milei facilitaron la salida de Bolsonaro por la Argentina.

Lo hizo con cautela ante el pedido de la fiscal Paloma Ochoa de diez medidas de prueba, como parte de una investigación preliminar antes de decidir si impulsa finalmente la acción penal.

Baires Fly, la compañía que llevó a Flavio Bolsonaro desde Puerto Iguazú, también aparece en el expediente por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como informó LA NACION. La Justicia investiga facturas que un broker aeronáutico habría emitido con el nombre de la firma para respaldar transferencias. La distinción es clave: fuentes del caso dijeron que Baires Fly no está entre las empresas acusadas. La medida judicial apunta al broker Sergio Mastropietro, procesado en la investigación.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este jueves el ingreso del senador y excandidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, a la Argentina para fugarse hacia Estados Unidos vía la ciudad de Puerto Iguazú en un avión privado de la empresa argentina Baires Fly.

El ministro coordinador, desde la ciudad de Rosario en el marco de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se manifestó en la misma línea que el comunicado que publicó la Dirección Nacional de Migraciones el miércoles a la madrugada. En ese marco, expresó que la entrada del senador carioca fue “sin limitación”. El senador carioca tenía una prohibición dictada por la Justicia de Brasil de salir del país y desobedeció la orden de entregar su pasaporte. Sin embargo, cruzó la frontera con su documento italiano, que no había sido anulado.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira…

— Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

WASHINGTON (AFP).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de “desgracia” las elecciones presidenciales de Brasil, un día después de que el candidato derechista derrotado y su aliado, Flavio Bolsonaro, abandonara el país junto con su familia y viajara a territorio estadounidense.

Sobre el senador de Río de Janeiro pesa una orden judicial que le prohibía salir del territorio brasileño en el marco de una investigación por lavado de dinero.

“Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia”, declaró Trump a periodistas antes de partir hacia un acto de campaña, sin precisar qué aspectos de los comicios cuestionaba.

RÍO DE JANEIRO.- Flavio Bolsonaro negó en un video que tuviera planes de abandonar Brasil; sin embargo, la huida del senador ya estaba planeada semanas antes de llevarse a cabo.

La posibilidad de trasladarse a Estados Unidos con su familia se contemplaba en caso de una derrota del candidato del Partido Liberal, un escenario que fue prácticamente descartado por Bolsonaro, sus aliados y miembros de su familia después de que él superara a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta.

En su primera declaración tras su llegada a Estados Unidos, Bolsonaro se declaró mediante una carta como el “líder de Brasil” y denunció un “fraude electoral” en el balotaje del pasado domingo, que tuvo a Da Silva como ganador.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil”, expresó Bolsonaro al inicio del comunicado. En una primera versión difundida y luego editada, se había declarado como “el verdadero presidente electo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles a la carta publicada en las últimas horas por Flavio Bolsonaro en la quese autoproclama como el verdadero “líder” de Brasil y sostuvo que no se “involucrará” al respecto, en medio de la polémica por la huida del excandidato presidencial a ese país.

“No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos. Pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”, manifestó Trump ante la prensa.

Ante la consulta sobre por qué el gobierno norteamericano permitió el ingreso de Bolsonaro, el dirigente republicano afirmó que la familia del senador derechista fue tratada de forma “injusta”.

BRASILIA.- En la repentina salida del excandidato presidencial Flavio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos, menos de tres días después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, hay una figura central que impulsó al senador a huir del país y que ideó una serie de estrategias para poder hacerlo posible: su hermano, Eduardo Bolsonaro.

Según pudo saber el medio brasileño O Globo, Eduardo Bolsonaro fue el principal artífice de la huida de su hermano. Él y el expresentador de Jovem Pan, Paulo Figueiredo, habían mantenido conversaciones con autoridades del gobierno de Donald Trump sobre la necesidad de acoger a Flavio en caso de una derrota.

Eduardo viajó a Florida con su esposa y sus hijos para recibir a su hermano y por la noche posteó una foto del reencuentro. “Foto de hoy, después de reencontrarme con mi hermano, Flavio. Fue un día largo, quizás el más largo de mi vida. Pero prevalecimos. Incluso desde afuera no renunciaremos a Brasil”, publicó.

Apenas siete minutos después de que el Tribunal Superior Electoral (STF) confirmara la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva (PT) en el balotaje de Brasil, la Policía Federal pidió al juez Alexandre de Moraes que incautara el pasaporte de Flavio Bolsonaro, que había arrancado como favorito en las encuestas y terminó con una sorpresiva derrota. Esa misma noche de domingo, el magistrado, enfrentado con el bolsonarismo y a cargo de una causa por lavado de dinero que involucra al senador del Partido Liberal (PL), aceptó el pedido.

La orden se ejecutó el lunes por la mañana, cuando el excandidato salía de visitar a su padre, Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario por intento de golpe de Estado. En un video publicado por la tarde, el senador descartó cualquier posibilidad de abandonar Brasil, una idea que había alimentado su hermano Eduardo, radicado en Estados Unidos, en caso de una caída en las urnas. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme”, afirmó. Esa fue la última vez que se lo vio en suelo brasileño antes de emprender la huida.

En medio del asombro mundial por la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil después de perder el balotaje, este domingo, contra Luis Inácio Lula da Silva, fuentes del gobierno de Javier Milei negaron a LA NACION haber colaborado en la maniobra de escape del excandidato.

Desde la Casa Rosada insistieron, además, con que no tienen constancia de que Bolsonaro haya ingresado al país antes de volar hacia Estados Unidos, como deslizan algunas versiones este martes.

“No tenemos nada que ver”, refirieron fuentes oficiales ante la consulta de LA NACION. Esto, luego de que el diario Folha de Sao Paulo informara que la administración de Donald Trump habría participado en el plan para sacar a Bolsonaro junto a su esposa Fernanda y a sus dos hijas de Brasil, y que podría otorgarle asilo político.

Un avión Gulfstream G400 de la empresa de vuelos privados Baires Fly estuvo retenido por 24 horas en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú hasta que el excandidato presidencial brasilero Flavio Bolsonaro logró despegar junto a su familia rumbo a Guayaquil, Ecuador, en medio de la prohibición dictada por la Justicia por las causas en su contra.

El papa León XIV solicitó una boleta para votar por correo en las midterms 2026 de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. El pedido quedó registrado el 3 de octubre en el condado de Will, Illinois, donde Robert Francis Prevost mantiene su inscripción electoral, según confirmó la oficina del secretario del condado al Chicago Sun-Times. Este viernes, la Sala de Prensa del Vaticano confirmó que ya se envió el sufragio.

Qué se sabe sobre la solicitud de León XIV para votar por correo

“Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron una boleta para votar por correo en las próximas elecciones”, declaró Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina electoral del condado de Will, al Chicago Sun-Times. El pontífice está registrado con una dirección de New Lenox, una localidad del área metropolitana de Chicago.

“El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que, siguiendo esta práctica establecida de participación cívica, el Papa ha emitido su voto por correo a Chicago”, anunció el Vaticano, en un comunicado difundido pasado el mediodía de Roma.

“El Santo Padre ha confirmado, además, que durante los años en que residió en el Perú, ejerció su derecho al voto siempre que tuvo la oportunidad”, añadió. “El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y al deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, concluyó.

De esta manera, Prevost se convirtió en el primer pontífice en votar en unas elecciones estadounidenses durante su papado.

Qué muestran sus antecedentes como votante en Estados Unidos

Los registros consultados por el Chicago Sun-Times muestran que Prevost participó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las demócratas de 2008 y 2010. También votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, aunque estuvo ausente de las primarias de Illinois de marzo de este año.

Ese historial requiere una precisión sobre el sistema estatal: Illinois permite elegir la boleta partidaria para cada primaria sin exigir una inscripción previa por partido, explicó el periódico. Los antecedentes consignan su participación electoral; la información publicada no identifica a los candidatos que eligió.

La posibilidad de votar por correo está disponible para cualquier elector registrado en Illinois, explicó al mismo medio Matt Dietrich, portavoz de la Junta Electoral estatal. Según indicó, desde 2010 dejó de exigirse una justificación para utilizar esta modalidad.

Cómo funciona el voto desde el exterior y qué plazos rigen

Para los ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país, incluidos los hispanos que conservan su domicilio electoral en Illinois, el Programa Federal de Asistencia para Votar (FVAP) detalla un procedimiento específico. La solicitud federal FPCA permite registrarse y pedir las boletas para las elecciones federales del año; también sirve para actualizar los datos de contacto.

La guía oficial distingue entre recibir la documentación y devolver el sufragio: permite solicitar el envío de la boleta por correo postal, medios electrónicos o fax, pero exige remitir por correo postal la boleta completada. Además, ofrece una boleta federal de respaldo, denominada FWAB, para quienes ya solicitaron la estatal y no la reciben a tiempo.

Para estos votantes de Illinois, el FVAP fija el 3 de noviembre como fecha límite de firma o matasellos y exige que el sobre llegue dentro de los 14 días posteriores a la elección.

Tras reclamar la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para evitar el cierre definitivo del expediente, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el caso $LIBRA como amicus curiae solicitaron al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, que impulse la nulidad de los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez imputados. Argumentaron que el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi omitieron cumplir normas que garantizan a las víctimas el derecho a ser escuchadas y a solicitar la revisión de una decisión que pone fin a la persecución penal.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentaron un escrito en el que denunciaron el incumplimiento de una resolución de la Procuración General de la Nación (PGN) y reclamaron que, por tanto, se anule la resolución del 23 de octubre que desvinculó a los once investigados del expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.

Las entidades, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, sostuvieron que ni las querellas —cuya exclusión del expediente se encuentra recurrida ante la Casación Penal— ni las propias organizaciones fueron notificadas, siquiera informalmente, de que Taiano promovería los sobreseimientos. Tampoco, afirmaron, tuvieron oportunidad de expresar su posición antes de que el fiscal se pronunciara a favor del cierre de la causa.

La actuación del fiscal Taiano, advirtieron Inecip y Cipce, contradice el inciso k del artículo 5 de la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas de delitos, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y las pautas de la resolución 41/23 de la PGN, que establece un mecanismo para que las víctimas puedan pedir que un fiscal superior revise la decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal de solicitar un sobreseimiento.

El planteo apunta a que Agüero Iturbe garantice ese mecanismo de revisión, que contempla un plazo de diez días para que las víctimas manifiesten su oposición fundada al pedido de sobreseimiento. En ese sentido, Inecip y Cipce remarcaron que Taiano presentó su dictamen el 22 de octubre y Martínez de Giorgi lo acogió al día siguiente, sin que se cumpliera previamente ese trámite ni interviniera el fiscal general para examinar las objeciones que pudieran formularse.

“Entendemos que en el caso concreto se ha configurado un vicio de procedimiento que obliga al fiscal de cámara a exigir su reparación ante la alzada del fuero”, indicaron Alfie y Biscay, “quien deberá ordenar -sin más- la nulidad de la decisión judicial dictada el 23 de octubre”.

La presentación remarca, además, que la resolución de la PGN 41/23 no constituye una mera formalidad, sino una garantía destinada a evitar que una decisión fiscal que implique abandonar la persecución penal quede firme sin que las víctimas puedan cuestionarla ante una instancia superior.

Las organizaciones solicitaron, por eso, que el fiscal general no se limite a escuchar ahora sus argumentos, una vez dictados los sobreseimientos, sino que promueva la nulidad de la resolución judicial para restablecer el procedimiento que, según denunciaron, fue omitido. También pidieron que se ejerza el denominado control de convencionalidad, es decir, que se examine la compatibilidad de las decisiones y normas aplicables con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos.

En respaldo de su planteo, citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a la protección judicial efectiva, y jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Entre otros antecedentes, invocaron un fallo que consideró procedente anular una decisión judicial adoptada después de que un fiscal pidiera desestimar una denuncia sin que el damnificado hubiera sido notificado y pudiera recurrir a la revisión de su superior jerárquico.

Las ONG sostuvieron, además, que la ciudadanía puede ser considerada víctima de la corrupción institucional por el daño que esos delitos ocasionan al funcionamiento del Estado y a las oportunidades que este debe garantizar. Para respaldar esa interpretación, citaron un antecedente judicial que reconoce los perjuicios colectivos derivados de la corrupción y la relevancia de la participación de la sociedad civil en su prevención y persecución.

En ese contexto, Inecip y Cipce sostuvieron que el análisis de una presunta trama de corrupción exige evaluar las pruebas indiciarias, sus conexiones y los elementos pendientes de producción, en lugar de considerar cada indicio por separado. Afirmaron que el expediente contenía cuestiones que debían profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva.

El pedido quedó ahora dirigido a Agüero Iturbe, quien deberá evaluar el planteo dentro de sus atribuciones. Las ONG solicitaron que impulse la nulidad de la resolución del 23 de octubre y que se restablezcan las garantías que, según denunciaron, fueron vulneradas. La presentación también fue remitida al procurador general, Eduardo Casal.

Nancy Godoy, la docente cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles después de dos semanas de búsqueda, fue asesinada a puñaladas.

Así lo determinó el resultado preliminar de la autopsia hecha en el Instituto Médico Forense (IMF) de Corriente. El informe de la necropsia fue informado ayer a la tarde por videoconferencia a la familia de la víctima por parte del decano del IMF, José Luis Gálvez, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

De la videoconferencia, además de Gálvez, participaron los fiscales María Andrea González y Javier Mosquera, quienes están a cargo de la investigación del homicidio.

“Ese informe [el resultado preliminar de la autopsia] indicó que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta o traumática, tras recibir múltiples lesiones punzocortantes y cortantes. Estas aparecen, algunas con signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Corrientes en un comunicado de prensa.

Según explicó el decano del IMF, lo que se halló el miércoles sumergido en un bañado a 2,5 kilómetros de distancia de la escuela donde trabajaba la víctima fueron restos cadavéricos porque “el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino pélvicas y de los glúteos”.

Godoy también sufrió la amputación de su mano izquierda, “luego agravado por acción de los predadores de la zona”.

El médico forense también sostuvo, en la videoconferencia, que por “la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas” utilizadas por los asesinos.

“En un antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa. Las maniobras de seccionamiento descriptas y también el estado de descomposición del cuerpo son obstáculo para determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, mediante modernos procedimientos se busca establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores”, dijo Gálvez, según informó el MPF correntino.

Tras la videoconferencia, el abogado Gustavo Briend, representante de la familia de la víctima, dijo en declaraciones al canal de noticias LN+: “Fue un acto de absoluto salvajismo. Toda muerte violenta de una mujer causa conmoción. En este caso conocimos detalles que parece que estamos en épocas de antaño”.

A pedido de los fiscales Mosquera y González, a cargo de la investigación, el lunes pasado el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y de Felipe Dionisio Sandoval como presuntos autores materiales del femicidio de la docente.

El viernes había hecho lo mismo con Sergio Nahuel Rojas y su pareja, Rosa Leguizamón, a la que consideró coautora del delito de homicidio simple.

Según la acusación, los imputados llevaron adelante una “acción violenta para darle muerte a Godoy”. Y, según explicó el fiscal Mosquera, “actuaron de común acuerdo y con una distribución de funciones que, aún, no pudieron ser determinadas”.

Para los investigadores, los acusados se aprovecharon de la zona de aislamiento donde trabajaba la docente y del conocimiento que tenían sobre la víctima.

“Leguizamón sabía los movimientos y la rutina de la maestra porque era quien la acompañaba desde el casco de la estancia hacia la escuela. Los imputados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad, la dificultad para desplazarse y dependencia de terceros que tenía Godoy”, según se explicó en la audiencia donde se pidió la prisión preventiva para los sospechosos

La investigación había comenzado el jueves 15 de este mes, cuando un hijo de Godoy, Sebastián Medina, al no tener noticias de su madre, presentó una denuncia en la comisaría de la localidad de Pueblo Libertador, en Esquina, en Corrientes.

El joven dijo que la última vez que habían tenido noticias de su madre había sido el 7 de este mes, cuando habían recibido un mensaje de voz de WhatsApp.

Godoy trabajaba en la Escuela Primaria N°626, situada dentro de la estancia El Curupí, en el paraje El Malezal, en la zona rural de Esquina.

Para llegar a la escuela, donde estudian alumnos de los peones, la docente llegaba en vehículo desde su casa en Esquina hasta el casco de la estancia, desde continuaba viaje en caballo casi tres horas, entre pajonales y bañados.

El caballo con el que Godoy llegaba a la escuela se lo prestaba Leguizamón.

El jueves pasado, personal de la Policía de Corrientes hizo una inspección en el “puesto tapera” donde solía dormir Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona un coto de caza. Los detectives policiales y judiciales intentaron determinar la escena del crimen.

El “puesto tapera” está a 150 metros de distancia de la escuela donde trabajaba Godoy. “En ese lugar, Zarza solía pasar la noche tomando whisky y se ponía agresivo”, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

Fuentes de la causa explicaron a LA NACION que en cercanías de la escuela donde trabajaba Godoy encontraron una boina y Zarza le habría reconocido a personal de la Policía de Corrientes que esa boina es de él.

“En esta etapa incipiente de la investigación no descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, había dicho el fiscal Mosquera ante el magistrado en la denominada audiencia de coerción. Después explicó que la investigación es de “suma complejidad”.

En una casa de Leguizamón situada en la vecina localidad de Sauce, personal de la Policía de Corrientes secuestró una campera negra y un par de alpargatas que se sospecha que pertenecieron a la docente, según dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.